La formación denuncia falta de medios para reciclar y advierte de desigualdad en el acceso a las bonificaciones
Compromís San Vicente ha reclamado al equipo de gobierno de PP y Vox una reducción inicial del 20 % en la tasa de recogida de residuos para todos los contribuyentes del municipio. La formación defiende que esta medida serviría como «primer paso» para mitigar el impacto del incremento aplicado recientemente tanto en familias como en empresas.
La propuesta llega en un contexto en el que, según Compromís, buena parte de la ciudadanía no podrá beneficiarse en 2026 de las bonificaciones vinculadas al reciclaje. Por ello, consideran que la opción «más coherente» sería una rebaja directa de la tasa en los próximos recibos.
La portavoz de la formación valencianista, Maribel Morera, justifica la iniciativa señalando la falta de medios adecuados para la correcta separación de residuos en distintas zonas del municipio. «No existen medios suficientes ni accesibles», afirma, lo que dificulta en la práctica cumplir con los requisitos exigidos para acceder a las bonificaciones.
En este sentido, la portavoz sostiene que esta situación genera una «clara desigualdad», ya que el acceso a las reducciones depende de unas condiciones materiales que, a su juicio, no están garantizadas por el Ayuntamiento. El debate sobre la tasa se produce tras una notable subida del recibo, que ha pasado de 84,24 euros a 175,28 euros para la ciudadanía.
La tasa llegó hasta el TSJ
Además, la ordenanza fiscal ha sido objeto de controversia judicial. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha avalado recientemente el cálculo de las tarifas tras desestimar el recurso presentado por Esquerra Unida-Unides Podem, al considerar que se elaboró con criterios «objetivos, admisibles y no discriminatorios».
El tribunal también respaldó la división del municipio en siete zonas según el valor catastral y los criterios de capacidad económica aplicados. En el caso del recurso presentado por el PSOE, la resolución solo estima parcialmente una cuestión relativa a la falta de informe de impacto de género, que ya ha sido incorporado a la ordenanza en vigor desde el 1 de enero de 2026, según explicó el equio de gobirno. Según fuentes municipales, el alcance de este fallo sería limitado y podría afectar, como máximo, al 0,35 % de los cerca de 60.000 recibos emitidos en 2025.
